El boom urbanístico se agrieta con la edad

Los propietarios de edificios viejos intentan esquivar la restauración a la que les obliga la ley

Se estima que la “edad de vida” de un edificio es de 50 años. A partir de ahí, su estructura comienza a padecer problemas que pueden afectar a su estabilidad poniendo en riesgo en muchos casos a su habitantes y a los edificios anexos. Esta premisa técnica es la clave de la legislación vigente, la cual no sólo se limita a obligar, según la LUV y la LOE, a que todo propietario mantenga en condiciones de salubridad, ornato y seguridad su edificio, sino también a que en el caso de que éste tenga más de 50 años pase por una “ITE” (Inspección Técnica de Edificios).
En Benidorm hace dos años se firmó un acuerdo con los colegios de Arquitectos y Aparejadores de Alicante para facilitar la contratación de las mismas por parte de administradores de fincas y propietarios. Hasta la fecha, prácticamente nadie lo ha solicitado, según confirmaron fuentes municipales. Tampoco el Ayuntamiento está actuando en este sentido desde entonces. “Para ello sería necesario poder tener un listado informatizado de los inmuebles con esa antigüedad y, a fecha de hoy, no disponemos del mismo”, añadieron. ¿Por qué? Hace tres años un técnico municipal tramitó al Catastro la solicitud para poder acceder al programa pero hasta ahora no ha habido respuesta. Acceder a los datos en papel sería un trabajo para el que se necesitaría disponer de un solo funcionario sólo para esa función, y sería muy poco productivo.
Y es que el problema no se quedaría ahí, en detectar el inmueble en mal estado (que también puede ser denunciado por un vecino), sino en que si el propietario se niega a dejar entrar al arquitecto para su inspección el proceso debería tramitarse en una doble vía: las sanciones y órdenes de ejecución por parte del Ayuntamiento y la judicial para poder acceder al inmueble. Un largo trámite que, si nunca se comienza, nunca llega a completarse. En ese círculo, se abren ahora las grietas de la idílica escena vanguardista y moderna que presume Benidorm.
La crisis y el agujero dejado en las arcas municipales tampoco ayudan. Si un propietario o comunidad de propietarios se niega a arreglar su edificio el Ayuntamiento puede ejecutar la rehabilitación de forma subsidiaria, con lo que sufragaría proyecto y obra, que cargaría al propietario. Éste, de no pagar, se quedaría adeudando la cantidad indefinidamente al Consistorio, no pudiendo acceder a ningún tipo de licencias.
Agarrándose a esa cuestión el alcalde, Agustín Navarro, afirmaba la pasada semana que el Ayuntamiento tomará medidas para que los propietarios de edificios que no cumplan con las condiciones sanitarias y de ornamentación las subsanen en el plazo de un mes, amenazando en caso contrario con la sanción administrativa. ¿Pero y si éstos ya arrastran unas cuantas? En última estancia queda la expropiación por interés de la comunidad. Y de nuevo surge la duda de por qué, si estas actuaciones están contempladas en la ley, nadie parece haber hecho nada efectivo con edificios que están tan a la vista como Las Terrazas, el hotel Selomar, o el viejo edificio de Emilio Ortuño ubicado justo frente al consistorio.
Los anuncios del anterior gobierno sobre la rehabilitación de todos los edificios de la ciudad quedaron en eso: Anuncios y convenio firmado no puesto en práctica. Sólo el tiempo, un mes según se aventuró a asegurar Navarro, hará ver si la advertencia dada es efectiva o no.
En todo caso, en el trasfondo de todo el problema está la ciudadanía, no sólo aquella que reside en edificios con 50 años o más de antigüedad construidos en el boom de Benidorm. La ley obliga a todos los propietarios, independientemente de la vejez del edificio, a que lo conserven en buen estado, aunque no estén obligados a pasar inspecciones técnicas. Una herramienta, gratuita, es válida para todos ellos: Las “ICE’s” (Informe de Conservación de Edificación) que no obligan a nada pero que dan al propietario una idea de cómo está su inmueble y poder prever así futuras actuaciones, incluyendo un plan de ahorro para poder hacer frente a los arreglos. El momento es el adecuado es a priori ya que la crisis de la construcción hace que no se encarezcan demasiado los proyectos y sus ejecuciones, y además tanto el Plan Estatal de Vivienda, como el de la Generalitat Valenciana, priman la rehabilitación ofreciendo importantes subvenciones, al menos hasta 2012, así como poder desgravarse en la declaración de Hacienda dicho gasto.
R.L.