Montesquieu, ¡levántate y anda!

Un tal Alfonso Guerra, ex vicepresidente de un gobierno socialista de España, manifestó, con pesar o con satisfacción (hoy me lo cuestiono), que Montesquieu había muerto. Y, ¿quién diablos era Montesquieu?, y ¿por qué se le citaba? A los que nos pilló en el colegio, Montesquieu era junto con Rousseau y Voltaire, un trío que se recitaba de carrerilla, igual que se hacia con: “liberté, fraternité y égalité” o con “Athos, Porthos y Aramis”.

Montesquieu propugnó en su obra de 1748 “El Espíritu de las Leyes” la división de poderes en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y criticó que estuvieran concentrados en una misma persona; en aquella época en la figura del monarca absolutista y hoy en cualquier Gobierno de España con mayoría absoluta (¡Caramba!, ¡qué coincidencia más absoluta!). El pensamiento de Montesquieu fue la base ideológica que sustentó la Revolución Francesa que, unida a la filosofía griega, al cristianismo y al derecho romano, han conformado los pilares sobre los que se asientan el modo de vivir y el pensamiento occidentales.

Montesquieu sigue muerto. Tenerlo enterrado para impedir que aquellos jueces franquistas fueran los que aplicaran las leyes promulgadas desde un parlamento democrático y evitar así que cohabitaran en un poder unos y en los otros dos poderes otros tenía su razón de ser; pero ya conocemos la insaciable voracidad de la casta política (la de un lado y la del otro) por ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro.

Por propia definición, una justicia que no es independiente… no es justicia. La esencia de la Justicia reside en que, por ser un poder independiente, puede poner freno a otro poder cuando éste emprende su carrera natural hacia el abuso. Difícilmente se puede creer en algo pervertido en su esencia misma; sería como pedirle a un ateo que de visita en una iglesia u obligado en una misa, se encomendara a Dios.

Si Montesquieu resucitara, alucinaría viendo al órgano máximo de los jueces de su vecina España – El Consejo General del Poder Judicial – designado por políticos; cuestionaría la legalidad de un Tribunal Supremo y de un Tribunal Constitucional sometido al entrometimiento de un Gobierno y un Parlamento que presumen de constitucionales y que no son más que miniparlamentos al servicio del poder; y pensaría que, doscientos cincuenta y tres años después de su muerte, España continúa gobernada todavía por Carlos III, Carlos IV o, peor aún, por Fernando VII, ¡qué más da!.

Una Justicia independiente requeriría que los mismos jueces eligieran sus órganos de gobierno y que sus miembros estuvieran vigilados y controlados por los tribunales, como cualquier otro ciudadano o colectivo. Propongo que el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado dejen de existir, que el papel de las asociaciones de jueces se replantee, y se destierre para siempre del lenguaje los calificativos de progresista o conservador aplicado a la labor profesional de los jueces. ¿Se imaginan que los servicios de un fontanero fueran valorados por su afiliación política?, pues eso. En el caso en que el Gobierno tuviera que defenderse o ejercer cualquier tipo de acusación, recurriría a los tribunales como cualquier hijo de vecino, porque para eso se supone que somos iguales, ¿o no?

Sí, querido Charles, te pido que salgas de tu tumba y descubras la venda que tapa la mirada ciega de la mujer que simboliza la Justicia y así sabrás que, en España, ésta guiña los ojos a la derecha o a la izquierda dependiendo de quien se la lleve a su casa.