Opinión

LA LEY ELECTORAL

La ley electoral es obviamente mejorable y lo es por injusta. Desde muchos sectores de la sociedad se pide que se modifique, que se adecue a la realidad de los tiempos que vivimos y no de los tiempos que la aprobaron. En aquella época se pensó que una representación parlamentaria con decenas de partidos harían ingobernable un país que necesitaba asentar su democracia incipiente. Hoy, la sociedad española se ha acomodado en dejarse gobernar por dos grandes partidos que apoyan sus mayorías en pactos con partidos nacionalistas que como todos sabemos, son especialistas en debilitar al Estado al mismo ritmo con el que fortalecen sus gobiernos autonómicos. No parece que sea muy justo que unos miles de votos en Cataluña o el País Vasco tengan más peso parlamentario que muchos cientos de miles en toda España, y si no que se lo pregunten a Izquierda Unida o, últimamente a UPyD. La sociedad española ha madurado y necesita una segunda vuelta, listas abiertas -sobre todo municipales-, un reparto de escaños más proporcional a los votos obtenidos, eliminar las tentaciones “transfuguistas” que consistan en algo más que en cambiar su denominación (como la de concejal no adscrito), la limitación de mandatos y un largo etcétera.

Pero la Ley electoral no cambiará nunca porque aquellos que debieran hacerlo – Ejecutivo y Legislativo – son los principales beneficiarios de la aplicación de esa ley y cualquier modificación supondría ir contra la esencia misma del poder obtenido.

Dicho esto, voy a referirme al tan traído y llevado “Expediente Bañuls”, y voy a prescindir de ahondar en los motivos por los que se le incluyó en una lista, después de que transitara de fracaso en fracaso por

otros partidos o después de ponerle un puñado de tierra de Armanello en las barbas del mismísimo Pérez Devesa. No me referiré a la poca muleta de Pérez Fenoll a la hora de lidiar semejante astado, ni a valorar las declaraciones del coordinador general del PSOE de no usar a los tránsfugas como elementos para cambiar corporaciones, porque en política lo blanco y lo negro se mezclan de manera que nunca dejan rastro de grises. Tampoco voy a decantarme por si ha esgrimido razones de peso o no para tomar la decisión que ha tomado. Sin embargo, sí quiero expresar mi opinión sobre lo legalmente posible y lo moralmente exigible, y recordar a Bañuls que con nuestro sistema electoral de listas cerradas, un concejal como él, no se debe al ciudadano que lo vota, porque eso es un cuento chino, se debe a quien lo pone en la lista. Los españolitos votamos a un cabeza de lista, o a unas siglas, pero nunca a un concejal. El Sr. Bañuls no tiene ningún voto, sólo tiene la mano del que un día lo señaló para que rigiera una concejalía y que no ha tenido escrúpulo alguno en morder. Sin la legitimidad de las urnas, tiene lo que siempre habría soñado: la decisión de decidir a su capricho lo que le gusta y lo que no le gusta para Benidorm. Ha elegido lo legalmente posible: ser un concejal no adscrito, pero lo moralmente exigible debería haber sido marcharse a casa y que lo sustituyera el siguiente de su lista.

Con listas abiertas sería otro cantar.

Francisco Gascón