Soluciones de Ignacio Gordillo al desencanto de la justicia

El fiscal culpó a la politización de la justicia el desastre actual del sistema en la penúltima conferencia del año del Club Opinión

El salón de actos del ayuntamiento de Benidorm se quedó pequeño el pasado día 18 durante la celebración de la penúltima conferencia anual del Club de Opinión, que contó con la presencia de Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional desde 1980 hasta 2010, actualmente en excedencia ejerciendo la abogacía en el sector privado. Gordillo, quien afirmó que su paréntesis en la Administración pública se debe a “estar harto de la política”, desgajó lo las soluciones “claves” para acabar con el desencanto de la sociedad hacia la justicia española. Unas vías que plasmaron la principal lacra de su buen funcionamiento: los partidos que han gobernado hasta la fecha, pues según el magistrado, “a ninguno le interesa solucionar el problema”.
Para Gordillo, su experiencia durante 30 años trabajando en la justicia como fiscal y abogado y su punto de vista ciudadano coincide con la visión que tiene la sociedad ante cómo se está desarrollando el sistema judicial. “Es un desastre y por se pierde la confianza en la mismo”, afirmó. Para ello fijó cinco soluciones que darían un giro a la situación actual y por las cuales “todos debemos hacer”.
La primera solución pasa por una despolitización de la justicia. Según Gordillo, “el mayor insulto que se le puede dar a un juez es que sea progresista o conservador”, porque reflejaría un enchufismo que se da cada año en la mayoría de los casos “con la elección no precisamente del mejor magistrado”. La politización ha llegado a unos límites de reparto entre PP y PSOE que hoy día, según destacó, “el que no está en una asociación progresista o conservadora no tiene nada que hacer para poder ascender por muy bien que haga su trabajo”.
La consecuencia de ello llega al ámbito de quienes hacen las leyes. “La segunda solución es apostar por una legislación adecuada”. Y ejemplificó “errores” como la reforma del Código Penal que entra en aplicación en diciembre en el que podrá sancionarse a la persona jurídica mediante la clausura de la sociedad, haciendo a ésta también responsable de las actividades delictivas de sus trabajadores. “No sólo es un error, sino que esa ley exime de tal premisa a sindicatos, partidos, Banco de España y Administración Pública”.
Su tercera vía la fundamentó en el artículo 126 de la Constitución Española sobre la Policía Judicial. “Depende de los jueces y fiscales, no del Ministerio del Interior, pero éste es dicta operaciones de persecución a grupos y partidos, por ello vemos informes de la policía judicial que dicen que hay actividades delictivas cuando eso lo deben de decir los jueces”. Ponderando la buena labor de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, Gordillo remarcó que es necesario terminar con las órdenes que “llegan a fijar detenciones televisivas”, provocando un juicio paralelo y olvidando que “la presunción de inocencia sólo se pierde cuando hay una condena firme”.
Desde ese punto fijó la cuarta media: La protección de los Derechos Fundamentales que refleja la Constitución. “Habla del Derecho a la vida, con lo que está en contra del aborto, de la eutanasia… habla de la libertad ideológica y de culto, pero a algunas personas, por su forma de pensar, les alargan el tiempo máximo establecido para una detención, que es de 72 horas, con fines investigadores”. También recordó en este aspecto el derecho a la tutela Judicial Efectiva, “que debemos reclamar y que significa que todos tenemos derecho a que nos den una solución eficaz cuando acudamos a la justicia”.
Por último ponderó “no perder el sentido del Estado de Derecho por el cual todos somos y iguales y sujetos a la ley”, y marcó dos actuaciones bochornosas que atentan contra este pilar: La negociación que los gobiernos de España han realizado o intentado con ETA y la corruptela política. Un último análisis que cerró su ponencia provocando la ovación de la sala. Tras los aplausos arrancó un turno de preguntas en el que pese a la base de la ponencia, la despolitización de la justicia, ésta se coló para plantear si era legal el transfuguismo de Benidorm, cuestión sorteada por el magistrado citando las bases del derecho de sufragio sobre la participación en un proceso electoral ajeno al transfuguismo.
R.López